Soledad Tamayo

Partido Conservador

 

La concejal Soledad Tamayo heredó un suntuoso capital político de su hermano Fernando, quien pasó por el Concejo de Bogotá, por la Cámara de Representantes y ahora ocupa una curul en el Senado de la República. En febrero de 2010, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en contra de Fernando –entonces Representante a la Cámara– por la presunta participación al escándalo de las notarías ofrecidas por el gobierno de Uribe a cambio de la primera reelección presidencial. La investigación señaló que las arcas burocráticas de los hermanos Tamayo se habrían engordado con una jugosa notaría ubicada en la localidad de Bosa, donde los Tamayo cumplen parte de sus funciones políticas. 

Otro de los 13 hermanos es Rafael, diputado de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, a donde llegó con el apoyo de caficultores del municipio de Silvania tras un paso por el cabildo de esa circunscripción. Soledad llegó a Bogotá en 1975 y empezó a trabajar con otro de sus hermanos, Fabio, que entonces era director de juventudes del Movimiento Nacional Conservador. 

Inocencio Meléndez, ex subdirector jurídico del IDU y condenado en 2011 por el carrusel de contratación del Distrito, delató en sus primeras versiones a varios concejales que también estarían implicados en aquellos delitos. Pero de una lista de trece personas que Meléndez había mencionado en un principio, en su declaración a la Fiscalía omitió dos: Ómar Mejía y Soledad Tamayo. Ese ha sido el único asomo de presunta ilegalidad de la cabildante Tamayo. No obstante, fuentes que provienen de partidos opositores en el Concejo sostienen que Tamayo no tuvo nada que ver con el carrusel.  

Soledad es una trabajadora silenciosa. Desde la Secretaría de Gobierno y luego desde la oficina de Catastro se fue entrenando en el “manejo de las comunidades”, las mismas que su hermano Fernando llevaba 12 años cultivando en el Concejo de Bogotá. Ambos son de bajo perfil, pues no son grandes oradores, no proponen ni muchos ni grandes proyectos, no asumen discusiones polémicas en los recintos y evitan a toda costa hablar a los medios de comunicación.

A Soledad Tamayo se le ha visto en las tiendas de algunos barrios populares de Engativá, hablando con líderes sociales y de las juntas de acción comunal. La gente la adora, especialmente las 3 mil mujeres que cada año celebran a su lado el Día Internacional de la Mujer. Y no es para menos, pues la “empresa” política de Soledad provee trabajo a cientos de personas dentro de la burocracia capitalina. Y tiene incluso una “oficina” de recursos humanos: la Fundación Avancemos, por donde se gestionan las retribuciones a los electores.

“Médicos, peluqueros, arquitectos, optómetras, sicólogos y enfermeras avanzan con la familia Tamayo […] Es una sociedad sin ánimo de lucro –en papeles– sin objetivo distinto que servir a las comunidades. Y obtener la reelección indefinida”, escribió el exconcejal y periodista, Édgar Artunduaga.  Sus banderas más notables en el Concejo son la lucha contra del VIH Sida, la obesidad, el suicidio y el embarazo adolescente.

Esas comunidades, ubicadas en barrios populares del sur y occidente de la capital, en las localidades de Usme, Kennedy, Engativá y San Cristobal, son los electores de Soledad, y la han venido acompañando desde hace más de 15 años. Pero claro, todo depende del trabajo político que, especialmente en vísperas de elecciones, adelantan sus ediles. Los empleados rasos de esa empresa son los líderes de barrio, líderes de juntas de acción comunal y, finalmente, sus amigos o parientes, accionistas menores pero receptores aún de unos dividendos que llegan cada periodo legislativo en forma de puestos – y, en muchos casos, dinero en efectivo. 

 

Simón Samper